¿CUESTIÓN DE RELIGIÓN O SALUD PÚBLICA?

El 30 de julio la Corte Suprema estadounidense afirmó en Burwell vs. Hobby Lobby Stores, el último dictamen que será emitido este año por la Corte y quizá el mas controversial y regresivo: que dueños de empresas privadas puedan alegar motivos religiosos para incumplir la nueva reforma de la salud, impulsada por el presidente Obama. Bajo esta nueva ley, empresas de cierto tamaño deben proporcionar seguros médicos que cubran el costo de anticonceptivos, sin gasto adicional para la consumidora. Antes y aún bajo un seguro médico, el precio de los anticonceptivos oscilaba bastante, dependiendo del plan de cada consumidor, llegando a veces a costar hasta 100 dólares al mes.

Es el segundo dictamen emitido por esta Corte en menos de un mes que ataca directamente los derechos de la mujer. La primera, McCullen v. Coakley, emitida dos semanas antes de Hobby Lobby, determinó que el espacio delineado afuera de clínicas que proveen servicios de aborto, establecido para darle espacio a pacientes vulnerables de los ataques y el acoso de protestantes anti-aborto podía ser eliminado. Cuando me refiero a acoso, no se imaginen a un protestante que se acerca a una paciente para hablarle de sus opciones calmadamente. Piensen en protestantes gritando con pancartas, ilustrando la cara de un bebé gordo y feliz y al lado otra con un feto, tratando de imponer su religión y sus creencias a toda costa, que en ocasiones hasta le han escupido a las pacientes, doctores, enfermeras y demás. Piensen que han matado a gente. Es un escenario intimidante para cualquiera pero mas aún para una paciente que esta a punto de tomar una decisión personal, individual y sobre todo, transcendental. Al final la Corte decidió que el derecho a protestar pesa más.

Aunque es de conocimiento general que los anticonceptivos pueden ser recetados por distintas razones médicas, los demandantes, apoyándose en su fe cristiana, se oponen a su consumo al compararlas con el aborto. Los demandantes alegaron que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense establece que el Gobierno no podrá aprobar ninguna ley que le limite el libre ejercicio de la religión a un individuo, que este derecho se le puede extender también a las empresas, y que bajo la Ley de Libertad Religiosa de 1993, se establece que una ley limitando el libre ejercicio de la religión de un ciudadano debería cumplir con el interés del gobierno, sin convertirse en una carga para el ciudadano. Los demandantes, representados por una empresa de muebles con 700 almacenes en Estados Unidos, concluyeron que cumplir con los requisitos de la nueva ley implicaba una carga monetaria muy significativa para ellos.

Con una votación de 5 a 4, influenciada más que todo por razones de género, ya que los cinco jueces a favor son hombres, la Corte decidió que la ley no podría ser aplicada a empresas privadas, tales como una sociedad anónima cerrada, que objetaran por razones religiosas el uso de contraceptivos. Vale aclarar que el caso no fue decidido bajo un análisis de la Primera Enmienda, sino bajo la interpretación legislativa de la Ley de Libertad Religiosa. El juez Kennedy explicó que el Gobierno no había implementado el mejor proceso para cumplir con su objetivo, y que cuenta con otros mecanismos suficientes para que ninguna mujer encuentre obstáculos para acceder a los tratamientos que le son garantizados por ley. Falta por ver a qué se refiere Kennedy. Porque el juez Samuel Alito absurdamente enfatizó que esta ley, al fin y al cabo, solo afecta a mujeres que quieren tener sexo sin quedar en embarazo o que tienen que manejar el tema de su salud reproductiva con anticonceptivos. Es decir, que solo afecta a las mujeres en edad fértil. ¡Casi a nadie!

La juez Ruth Bader Ginsburg, líder de la disidencia, y veterana defensora de los derechos de las mujeres y de las minorías en la Corte (aunque, extrañamente no fue disidente de la otra opinión), advirtió que la sentencia es de “una amplitud sorprendente” por sus consecuencias futuras, ya que se estima que el 99 por ciento de las mujeres estadounidenses han empleado algún tipo de anticonceptivos. También enfatizó que el costo de un dispositivo intrauterino es casi equivalente a un salario mínimo mensual - sólo un ejemplo de los obstáculos que enfrentan las mujeres al querer tomar control de su cuerpo. Este dato, además, no sólo señala lo antifeminista que es este dictamen, sino que en EEUU se sigue ligando el acceso a la salud con el empleo, dándole a los empleadores un poder insólito sobre su empleados. Es decir, los seguros médicos se pagan del salario mensual o de los impuestos personales pagados por dicho salario pero no existe derecho alguno a decidir sobre cómo ni cuándo acudir a un médico para tomar una decisión autónoma con respecto a su propio cuerpo, sin incurrir en gastos exorbitantes.

Este horrible y perverso dictamen le va a negar a miles y miles de mujeres que no comparten las creencias de sus empleadores a tener acceso a métodos anticonceptivos. Dado que los jueces que manifestaron la opinión mayoritaria son hombres, el análisis presentado deja mucho qué desear. ¿Pensarían diferente si alguno de ellos fuera musulmán, por ejemplo? Según el juez Alito, el dictamen concierne solamente a la parte de la ley que se refiere a anticonceptivos y no a transfusiones de sangre ni vacunas. Ginsburg recalcó lo absurdo de este punto al preguntar desde su disidencia que si este dictamen sería aplicado a empleadores que tuvieran objeciones religiosas a las transfusiones de sangre (como los testigos de Jeovah), a los antidepresivos (como los scientólogos), medicamentos derivados de marranos, incluyendo anestesia, fluidos intravenosos, y pastillas cubiertas con gelatina (como algunos musulmanes, judíos, e hindúes), y vacunas. Si no es así, entonces los jueces serían culpables de sentar un claro precedente favoreciendo a una religión sobre las demás, algo que va en contra de las raíces fundacionales de Estados Unidos.

Aunque los demandantes fueran injustamente presionados, según Ginsburg, el gobierno ha comprobado que tiene un interés y la competencia en cuanto a salud pública y en proveer anticonceptivos gratis para el bienestar de la mujer. Estos intereses son concretos, específicos, y han sido demostrados por varios estudios contundentes. Aunque estoy de acuerdo con esto, tampoco me molestaría ver argumentos legales donde se establezca que la mujer tiene derecho a tomar las decisiones que sean más adecuadas para su cuerpo y sus circunstancias, más aún cuando se trata de usar el seguro médico que ella misma paga de una forma u otra. ¿Qué pasó con el dicho "mi libertad termina en donde empieza la de los demás"? Me decepciona un dictamen tan mal argumentado por parte de la Corte ya que se debería tratar de balancear las libertades más básicas e importantes, teniendo en cuenta la realidad de un pésimo sistema de salud.

Durante la audiencia hace unos meses, cuando ambas partes expusieron sus argumentos, la pregunta clave hecha por la juez Sonia Sotomayor fue directamente al grano: ¿Cómo practica la religión una empresa? Ambas partes dieron sus explicaciones pero la Corte no quedó convencida con las respuestas dadas por la diversidad de opiniones. Tal vez los demandantes tampoco tengan una idea clara, ya que están saliendo artículos reportando que los demandantes sí proveen seguros que cubren vasectomías y Viagra. Asimismo, conducen un alto porcentaje de sus negocios con la China, país que lidera el uso de control de natalidad con su conocida política del “hijo único”. Por lo tanto, no hay derecho que una empresa, del tamaño o la religión que sea, se comporte de una forma tan machista y contradictoria, imponiéndole creencias religiosas a sus empleados, que afectan sus vidas por fuera de las horas laborales, con el aval de una Corte a todas luces desconcertante.

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This was originally published on 15 July 2014 on Programa La Llave. It can be found here

 

 

 

 

 

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